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Luta pelo poder na metrópole de Bogotá

By 07/04/2014janeiro 24th, 2018Artigos Semanais

Prefeito destituído de Bogotá, Gustavo Petro

Como um prefeito eleito pelo voto popular pode ser destituído do cargo por um procurador vindo do Congresso? Como podem destituí-lo sob o argumento de má gestão e não por ser ladrão? A destituição do prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, é um dos fatos de maior importância política na história recente da Colômbia. É o que mostra neste artigo Oscar Alfredo Alfonso R.: principal colégio eleitoral do país e fábrica de fluxos de caixa para o mercado e a burguesia nacional, a metrópole de Bogotá é a principal moeda desse jogo.

O economista Oscar Alfredo Alfonso R. é doutor em Planejamento Urbano e Regional, e ofereceu o artigo “Malquerencias, poder y metrópolis” com o propósito de colaborar para o debate que o Observatório das Metrópoles vem fazendo sobre os sistemas de governança e as disputas pelo poder hegemônico mundial.

 

MALQUERENCIAS, PODER Y METRÓPOLIS

Óscar A. Alfonso R.

La destitución del Alcalde Mayor de Bogotá es uno de los hechos de mayor trascendencia política en la historia reciente de Colombia pero que, como suele ocurrir en el país de la epidemia del olvido, se desdeñará rápidamente por una opinión que es manipulada sin pudor por los interesados en las ganancias mediáticas. Tal hecho se ha presentado como el resultado de las malquerencias y desamores entre un ultra-izquierdista como el alcalde destituido y un ultra-derechista como el procurador reelegido. Tan pronto el presidente le comunicó al país la decisión, los analistas políticos no hicieron más que cobrarle la incompetencia y la soberbia al saliente alcalde, mientras que unos cuantos opacos y ambiguos recababan en el autoritarismo de la decisión del procurador, una medida sin antecedentes políticos ni doctrinarios: ¿Cómo así que un alcalde electo con el voto popular va a ser destituido por un procurador surgido de las componendas en el congreso? ¿Cómo así que lo destituyen por mal gestor y no por ladrón? Y las respuestas se buscan en el odio encarnizado del procurador y de su ideólogo político a la izquierda armada que se ha querido –y que se quiere–  reinsertar y participar en la vida política del país y, de paso, en el manoseado ordenamiento jurídico colombiano.

EL DRAMA DE LAS MALQUERENCIAS

El esfuerzo mediático desvió hacia las malquerencias la atención que debía prestarse sobre las causales de la determinación del procurador. La reacción del procurador fue atrincherarse en los argumentos de la defensa del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico colombiano y, la del alcalde, de victimizarse y llamar a la protesta ciudadana. Las pruebas del crimen son tan dudosas, señora Christie, como banales o incoherentes: que puso en peligro la salud de los bogotanos, aunque no se sepa de ningún muerto o siquiera enfermo por causa de la no recolección de las basuras; que limitó la libertad de empresa, cuando lo que sustituyó fue unos monopolios privados llamados “áreas de servicio exclusivo” por un duopolio público comercial; y que contrató a dos empresas incompetentes para prestar el servicio de recolección, transporte y disposición final de basuras, cuando los ineficientes monopolios privados, valga la redundancia, jamás liberaron un peso de la tarifa para modernizar la disposición final, pero el chivo expiatorio fue la volqueta versus la compactadora. Mejor dicho señora Christie, se abrió un juicio sin cadáver y sin homicida pero con autopsia.

He aludido la cuestión del ordenamiento jurídico colombiano porque, en apoyo a alguno de los malquerientes, prestantes juristas investidos de autoridad y pergaminos sentenciaron la legalidad o ilegalidad de la decisión, argumentos que intenté hilvanar con detenimiento, hasta que al llegar a la décima proclama me hastié. Según me contaron hubo más interpretaciones, malinterpretaciones y re-interpretaciones; es decir, un desorden jurídico litigante a la colombiana que usualmente desemboca en la inoperancia de la justicia. Sobrevino entonces la cuestión del cronograma, de los recursos del alcalde ante las cortes de adentro y de afuera, de las especulaciones sobre la celeridad, el desacato o la politización de unas decisiones que, en regla, deberían tomarse en derecho. Mientras tanto, la adhesión a las malquerencias polarizaron las opiniones de los bogotanos: mientras la Plaza de Bolívar se colmaba de beligerantes progresistas, en el norte se urdía un cacerolazo como el que le propinaron a Ernesto Samper los áulicos de una burguesía nacional químicamente pura e incorruptible que supervive de la miseria de los colombianos, pero que fue aplacado cuando el Ministerio de Hacienda apropió los dineros para realizar la consulta popular para ratificar o no al alcalde mayor, forzando al registrador a salir de su ambigüedad.

¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ EN JUEGO?

En el análisis de los últimos planes distritales de desarrollo de Bogotá he encontrado que Bogotá Humana es, de lejos, el mejor para la ciudad, el socialmente deseable por encarar en el diagnóstico los principales problemas de la ciudad. Baste con mencionar el inusual diagnóstico sobre la segregación residencial. Pero no todo es color de rosa ni se puede pintar así como en el país de Mickey Mouse como, por ejemplo, el imperativo de adecuar los modos de transporte colectivo a la ciudad construida para atender el incremento descomunal de la demanda de movilidad cotidiana originado en la flexibilización laboral. Ante tal imperativo, no entendí la manifiesta necesidad del metro liviano preconizada por Petro con aires mesiánicos, hasta que lo escuche el 13 de febrero de 2014 diciéndole a una turba de usuarios del Transmilenio en Suba que no se preocuparan porque el metro pesado pasaría por Suba. El 24 de febrero de 2012 él invocó la “racionalidad de las redes” en un debate para justificar un cambio de trazado hacia el occidente de la ciudad, idea que los concejales de su bancada repudiaron cuando en su momento fue formulada por “extraños” del medio académico; pero el 17 de diciembre de 2013 se promulgó con su firma el Decreto 577 en el que se “precisa y adopta” el trazado de la Primera Línea Metro de Bogotá, y que correrá desde Bosa hasta el centro y desde allí por el nororiente hasta la Calle 127. La mayoría de los estudios previos acertaron en el trazado por el noroccidente de la ciudad, pero en la última decisión fueron ignorados y se basaron en unas encuestas de una firma inglesa cargada de prestigio, casi un monopolio mundial de estudios sobre movilidad, en la que los coeficientes de expansión de las encuestas de la zona noroccidental –una de las más densas de la ciudad– son subestimados frente a los del suroccidente –la otra zona más densa de la ciudad.

Débiles convicciones las de un burgomaestre que se decide a enfrentar la segregación residencial y acepta un trazado que reafirma su esquema general. Maestro Galileo: ¿Cómo se tomó la decisión? Se tomó porque el poder es capaz de doblegar hasta las convicciones más arraigadas, las más científicas como cuando Usted desdijo de su teoría ante las amenazas de muerte de la santa inquisición. Hoy por hoy lo que está en juego es el control de las metrópolis colombianas, comenzando por la capital, y qué poder lo ejercerá.

EL CONTROL DE LAS METRÓPOLIS

La primacía poblacional de Bogotá sobre el resto del país luce incontenible pues, desde hace más de cincuenta años, crece más rápidamente que la segunda ciudad, que las cuatro y que las diez que le siguen. El correlativo caudal de votantes justifica su disputa por cuanto es la ciudad en donde se dirime la puja electoral en cualquier elección de carácter nacional, presidente o congreso. En el plano financiero Bogotá es, como cualquier metrópoli de la actualidad, una fábrica de flujos de caja para ciertos agentes del mercado y para la burguesía nacional. El presupuesto de ingresos del sistema Transmilenio equivale al 5,0%, el del Acueducto 4,4% y el de Codensa al 7,3% de los ingresos totales recibidos en el mundo por Microsoft en 2013, sin hablar del manido tema de la recolección de residuos sólidos o de las inversiones en vialidad. El flujo de caja del sistema metro es un botín de mayores proporciones. Hacerse a un flujo de caja tan considerable, sustituyendo los esfuerzos en la producción del saber que soportan el de Microsoft por el los contactos políticos y la inmanente corrupción, sitúan a la ciudad como objetivo de la delincuencia contractual organizada, cuyo primer capítulo ha sido el del “carrusel de la contratación”. Por supuesto, no lo dude, es así como lo está leyendo: en este modelo territorial de Estado sobrevendrán más episodios de corrupción, cada vez más sofisticados para evadir la poca eficacia de un sistema de justicia que se recuesta en la impunidad.

Por su parte, la mayor proporción del recaudo del impuesto al valor agregado –IVA–, la principal fuente de ingresos corrientes de la nación, ocurre en Bogotá. En un país en el que una burguesía nacional comúnmente conocida como la “élite” ha operado los hilos de la descentralización fiscal para recentralizar al país, ese flujo de caja no debe correr riesgos como el que representan unos alcaldes populares que promuevan un modelo territorial de Estado diferente. Señor Tocqueville, ¡Quédense con la democracia que nosotros nos quedamos con el dinero! es la consigna de esa burguesía nacional que hasta ahora respetaba la descentralización política y mangoneaba con la descentralización fiscal. Hoy pisotea ambas. No es casualidad que cuando finalmente dos gobernantes locales –el de Bogotá y el de Soacha– se deciden a conformar el área metropolitana, el nivel central de gobierno toma la iniciativa que modifica el régimen anterior por el de la Ley 1625 de 2013 del que excluye a Bogotá para la que, algún día del próximo siglo, tal vez, se expedirá un “régimen especial”.

No hay que pasar por alto que al alcalde de Soacha le están moviendo las bases para revocarle el mandato, siendo la causa la precariedad del equipamiento social detonado por la implantación autoritaria de Ciudad Verde, un macroproyecto de vivienda de interés prioritario  para el Ministerio de Vivienda y los gremios de la construcción. Pero la tapa ha sido el “Pacto por Bogotá” con el que el presidente lanzó su campaña reeleccionista que está diseñando desde que se posesionó; es decir, un presidente en ejercicio que lanza un programa de gobierno para la alcaldía bajo el argumento de que bajo su mandato ha visto pasar a tres alcaldes. Su fórmula vicepresidencial no ahorra el tono mesiánico con el pregón de que “al fin Bogotá podrá salir de la postración”. La descentralización política pisoteada. Vargas Lleras tampoco renuncia a estar en el sonajero para la alcaldía mayor, como tampoco el primo del presidente desde la ultraderecha, mientras que un iluso ex-alcalde se monta en un proyecto nacional al que las agencias de consultoría lo engatusan con la supuesta favorabilidad política de las mayorías, mientras que la burguesía nacional aceita sus maquinarias para aplastarlo en la contienda electoral. El único alcalde de Bogotá que logró ser presidente de la república es parte de esa burguesía nacional y, no por casualidad, ha sido el peor alcalde y ex-alcalde, y uno de los dos peores presidentes y ex-presidentes.

COROLARIOS

Lo mejor para la vida política del destituido alcalde hubiera sido esa destitución con una sanción corta, pues la victimización habría jugado en su favor ante la opinión pública; pero con quince años por fuera de la administración pública, el procurador le asestó su muerte política. El recurso de la victimización quedó cercenado por el autoritarismo sagaz, frente a lo que Petro ha declarado que “la muerte política es peor que la muerte física”. Finalmente, no es de extrañar que haya buscado el apoyo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no en los demás alcaldes de las metrópolis colombianas pues, como se sabe, son controlados con las transferencias no condicionadas del nivel central de gobierno. A ellos habría que recordarles, amigo Brecht, que cuando el centralismo vaya por sus alcaldías ya no habrá nadie que pueda protestar.

 

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